Remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Lengua de Signos y Sistemas de Apoyo a la Comunicación Oral

El Gobierno aprobó ayer la remisión a las Cortes de Proyecto de Ley de Lengua de Signos y Sistemas de Apoyo a la Comunicación Oral. La norma reconoce la lengua de signos española (y la catalana, en su ámbito) como lengua de las personas sordas que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, la Ley establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

En cinco años, las personas sordas dispondrán de intérpretes en todos los departamentos estatales, según estimaciones del Gobierno. Cuando la futura ley agote su recorrido parlamentario, los sordos tendrán derecho a que les facilite el uso de esta lengua en los escenarios de su vida diaria, como la educación, la sanidad y a la hora de hacer cualquier gestión pública. En España hay casi un millón de personas sordas o con audición reducida.

La aplicación de la futura ley modificará sustancialmente la vida de las personas sordas. De forma gradual, los sordos podrán solicitar el uso de intérpretes cuando vayan al médico, en los hospitales, los juzgados, los centros culturales, deportivos y de ocio, y no sólo en sus relaciones con las administraciones públicas. Igualmente podrán hacerlo en los grandes aeropuertos y estaciones. El objetivo es facilitar el acceso de todos a los bienes y servicios a disposición del público.

El proyecto contempla que las comunidades autónomas designen un centro por provincia o por cada 50.000 habitantes donde los sordos que lo deseen puedan estudiar la lengua de signos. En estos centros bilingües especializados, cualquier niño sin discapacidad auditiva podrá aprender también la lengua de la comunidad sorda de manera opcional.

Una vez que se apruebe la Ley, previsiblemente en este mismo año, se crearán un Centro de Normalización de la Lengua de Signos y un Centro Español de Subtitulado. Al mismo tiempo, el Gobierno pondrá en marcha un Plan de accesibilidad con medidas que desarrollen la ley en los ámbitos de la Administración general de Estado: en cinco años las personas sordas dispondrán de servicios de atención e intérpretes en todos los departamentos estatales.

Estas medidas, junto a las que promuevan las comunidades autónomas en los plazos que establezcan, eliminarán de forma progresiva las barreras que los discapacitados auditivos encuentran en los espacios públicos y privados y en su vida profesional y social. Se estima que la aplicación de la ley exigirá una inversión anual de al menos 2 millones de euros, una cantidad que se fijará y revisará cada año.

La futura ley se inspira en el principio de la libre elección, por lo que los sordos que opten, en lugar de por la lengua de signos, por la comunicación oral (a través de audífonos o del implante coclear) dispondrán también de medidas de apoyo. En los aeropuertos, grandes espacios públicos y oficinas de las administraciones se instalarán bucles magnéticos para facilitar la información de las personas sordas con implante coclear.

Iberoamérica en imágenes

El portal Ciberamérica ha convocado el concurso fotográfico "Iberoamérica en imágenes", con el que invita a todas las personas interesadas a compartir su visión de Iberoamérica reflejada en fotografías digitales de los lugares, gentes y costumbres, la vida cotidiana, el trabajo y el ocio, la educación, la salud, la economía, el deporte, el turismo, la ciencia y la tecnología, la flora y la fauna, la artesanía, las creaciones artísticas y culturales y cualquier otro aspecto de la realidad iberoamericana.

Las fotografías deben referirse a aspectos de la realidad iberoamericana o evocar ideas, principios y valores como el compromiso común con la democracia, el respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la autodeterminación de los pueblos, la vigencia del derecho internacional como medio de solución de controversias, la no intervención, la justicia social y la unidad en la diversidad, que están en la base del espacio de diálogo, concertación política y cooperación que constituye la Comunidad Iberoamericana.

El plazo para participar en el concurso permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2006. Se otorgará un primer premio, dotado con 1.000 euros, a la mejor fotografía presentada, así como dos segundos premios de 500 € cada uno.

El anteproyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, presentado hoy en Madrid

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha presentado hoy en Madrid el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y las previsiones de financiación del Sistema Nacional de Dependencia. El Gobierno aportará más de 12.638 millones de euros hasta 2015 para poner en marcha el Sistema Nacional de Dependencia.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, han presentado esta mañana en Madrid el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia y las previsiones económicas del futuro Sistema Nacional de Dependencia, una memoria económica que contiene la planificación de la financiación del sistema hasta su completa consolidación en el año 2015. Se calcula que para entonces el coste estimado del mismo será de 9.000 millones de euros anuales.

Dentro de las previsiones de puesta en marcha de la Ley, se incluye un compromiso de atención en 2007 a 200.000 personas en situación de mayor gravedad. La puesta en marcha del Sistema Nacional de Dependencia será gradual, con el fin de acompasar el desarrollo de prestaciones con la creación de la infraestructura necesaria para ello, y se realizará de forma progresiva durante ocho años.

La Ley configurará el Sistema Nacional de Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta. Para ello, reconocerá un nuevo derecho de ciudadanía en España, el de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado y garantiza una serie de prestaciones que se fundamentan en los principios de universalidad, equidad e igualdad, y en la participación, integración y normalización de la atención, desarrollando un sistema de atención integral.

La Ley regulará las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema Nacional de Dependencia con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. El Sistema Nacional de Dependencia, que se configurará como una red de utilización pública, diversificada, que integrará de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados, debidamente acreditados, garantizará las condiciones básicas y el contenido común de las prestaciones y servicios a que se refiere la Ley, sirviendo de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, al mismo tiempo que optimizará los recursos públicos y privados disponibles para la mejora las condiciones de vida de los ciudadanos.

Según el anteproyecto de Ley presentado hoy, el Sistema Nacional de Dependencia contará con un contenido común de prestaciones y servicios, garantizados por la Administración General del Estado, de los que habrán de disponer todas las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta el número de personas dependientes residentes en cada una de ellas. La financiación del contenido común de estas prestaciones y servicios será asumida por la Administración General del Estado.

El anteproyecto contempla asimismo un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplarán en la ley.
Para ello, se creará el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, como instrumento de cooperación para la articulación del sistema. Este Consejo será presidido por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En el seno del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán un Plan de Acción Integral para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, que definirá el marco de la cooperación interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes convenios. Por otro lado, se constituirá el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Dependencia para hacer efectiva la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, además de las administraciones públicas (AGE, CC.AA. y entidades locales) en el sistema.

La Ley definirá los servicios y las prestaciones que los poderes públicos han de satisfacer a los ciudadanos en situación de dependencia, diferenciando aquellos que se dirijan a la promoción de la autonomía personal, de los que tengan una finalidad esencialmente de atención y cuidado. Se definirá, asimismo, el catálogo de servicios, así como los grados de dependencia y los criterios básicos para su valoración. Esta Ley, además, apoyará a las familias mediante una prestación específica para cuidados en el domicilio por personas del entorno familiar. Por otra parte, aquellas personas que opten por contratar un seguro privado de dependencia obtendrán beneficios fiscales.

Según ha afirmado el ministro, la propia naturaleza del objeto de la Ley requiere un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes e instituciones públicas, por lo que la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas es un elemento fundamental. Por ello, se establecerán una serie de mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, entre los que destaca la creación del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia y sus funciones de acordar un Plan de Acción Integral, la intensidad de los servicios del catálogo, las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas, los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los servicios o el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como el despliegue del sistema en los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas.

VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA DEPENDENCIA

La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados:

a) Grado I. Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día.

b) Grado II. Dependencia severa: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador.

c) Grado III. Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.

En cada uno de los grados de dependencia, se establecerán dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requiere.

El grado y niveles de dependencia, a efectos de su valoración, se determinará mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial y que se apruebe reglamentariamente por el Gobierno.

El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a instancias de los ciudadanos. Éstos serán evaluados por los órganos que designen las Comunidades Autónomas.

El reconocimiento del derecho será expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente y tendrá validez en todo el Estado.

Los reconocimientos de las Comunidades Autónomas para acreditar la situación de dependencia tendrán efecto para la declaración de minusvalía en un grado igual o superior al 75%.

Quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia en el grado y el nivel que se disponga en el desarrollo reglamentario de la ley.

PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA

El Sistema Nacional de Dependencia iincluirá los siguientes tipos de prestaciones:

1) Prestación de servicios a través de centros y programas públicos o concertados según catálogo.

Se priorizará las prestación de servicios siempre que se disponga de oferta pública. Los beneficiarios tendrán derecho a una serie de servicios según su grado y nivel de dependencia.

El catálogo de servicios incluirá:

a) Servicios para la promoción de la autonomía personal:

- Prevención de las situaciones de dependencia.
- Teleasistencia
- Ayudas técnicas para la autonomía personal.
- Ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar.
- Asistencia personalizada.

b) Servicios de atención y cuidado:

- Servicio de ayuda a domicilio: Atención de las necesidades del hogar. Cuidados personales.
- Servicio de atención en Centros de Día y de Noche: Centros de Día para mayores. Centros de atención diurna menores de 65 años.
- Centros de atención especializada.
- Servicio de atención en centro residencial: Residencias de personas mayores dependientes. Centros de atención a dependientes con discapacidad.

2) Prestaciones económicas

2.1. Prestación económica vinculada a la contratación del servicio

En caso de que no se disponga de la oferta pública de servicios que requiera el beneficiario en función de su grado y nivel de dependencia, se procederá al reconocimiento de una prestación económica vinculada para que la persona pueda adquirir el servicio en el mercado privado.

La prestación económica de carácter personal podrá recibirse cuando el beneficiario cumpla determinados requisitos, y estará, en todo caso, vinculada a la prestación de un servicio.

La cuantía de la prestación económica estará en relación con el grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.

2.2. Compensación económica por cuidados en el entorno familiar.

Siempre que se den las circunstancias familiares y de otro tipo adecuadas para ello, y de modo excepcional, el beneficiario podrá optar por ser atendido en su entorno familiar, y su cuidador recibirá una compensación económica por ello. Para ello, el cuidador familiar deberá estar dado de alta en la Seguridad Social.

El apoyo a cuidadores conlleva programas de información, formación, y periodos de descanso para los cuidadores no profesionales, encargados de la atención de las personas en situación de dependencia.

2.3. Prestación de asistencia personalizada

Tiene como finalidad la promoción de la autonomía de personas con gran dependencia menores de sesenta y cinco años. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personalizada durante un núermo de horas, que facilite al beneficiario una vida más autónoma, el acceso a la educación y al trabajo, y el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Reglamentariamente, se reconocerán las condiciones de acceso a esta prestación.

Por otra parte, aquellas personas que opten por contratar un seguro privado de dependencia obtendrán beneficios fiscales.

FINANCIACIÓN

La financiación del sistema será con participación de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y, en su caso, de las Corporaciones Locales. El objetivo es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015. Para ello, y según la memoria de la ley, la Administración General del Estado aportará más de 12.638 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Dependencia.

El Gobierno garantizará la financiación del contenido básico del derecho con carácter permanente. Además, el texto establece que, en los primeros ocho años del Sistema, la Administración General del Estado establecerá anualmente en sus Presupuestos créditos para la realización de convenios con las Comunidades Autónomas en el marco del Plan de Acción Integral para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

Los beneficiarios participarán en la financiación del sistema en función de su renta y patrimonio de forma equilibrada y justa. Ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos. La aportación de los beneficiarios se decidirá en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia.

Además de los beneficios sociales, crear en España el Sistema Nacional de Dependencia supondría una inversión eficiente, por su impacto social, económico y laboral. De hecho, según el Libro Blanco de la Dependencia y el informe FEDEA, en 2015 se habrán creado cerca de 300.000 empleos y los efectos sobre el PIB de nuestra economía podrían llegar a ser de un 1,56% más en 2010, lo que implicaría a su vez un diferencial en tasa de crecimiento acumulativo anual real de más de 0,28% a lo largo de todo el periodo. Igualmente, el retorno fiscal global, por impuestos generales y cotizaciones, llegaría a cubrir hasta dos terceras partes del gasto asociado al despliegue del Sistema Nacional de Dependencia.

INFRACCIONES Y SANCIONES

El texto establece también las infracciones y sanciones en materia de dependencia.

Se considerarán infracciones las siguientes conductas:

a) Dificultar o impedir cualesquiera de los derechos de las personas en situación de dependencia.

b) Obstruir la acción de los servicios de inspección.

c) Negar el suministro de información o proporcionar datos falsos.

d) Aplicar las prestaciones económicas a finalidades distintas a aquellas para las que se otorgan, y recibir ayudas, en especie o económicas, incompatibles con las prestaciones establecidas en la presente Ley.

e) Incumplir las normas relativas a la autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia.

f) El trato discriminatorio a la persona en situación de dependencia.

g) Conculcar la dignidad de las personas en situación de dependencia.

h) Generar situaciones de riesgo o daño para la integridad física o psíquica.

i) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las Administraciones Públicas competentes.

Las sanciones irán desde una cuantía menor de 30.000 euros (infracción leve) hasta un máximo de un millón de euros (infracción muy grave)

Este anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, será sometido a informe de los órganos consultivos (Consejo Nacional de la Discapacidad, Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Económico y Social y Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales) antes de ser dictaminado por el Consejo de Estado.

Entrevista a Luis Cayo Perez Bueno en AZprensa

Reproduzco, por su interés, la entrevista realizada al Director Ejecutivo del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, por el diario de información sanitaria azprensa.com, en la que se trata de la anunciada Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia.

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Madrid, 4 enero 2006 (azprensa.com)

Desde la dirección ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez trabaja desde hace años en favor de la integración de las personas con discapacidad. CERMI, como agrupación que representa a los tres millones y medio de discapacitados españoles, tiene como objetivo principal la mejora en todos los ámbitos de su vida. La Fundación AstraZéneca ha contado con su estrecha colaboración en una de las más importantes iniciativas de esta institución, el Libro Verde de la Dependencia. También ha participado en seminarios como el celebrado el pasado verano en El Escorial (Madrid), titulado “Un nuevo horizonte para las personas dependientes: la domótica y las tecnologías de la información y de la comunicación”. Luis Cayo Pérez Bueno ha querido compartir algunas reflexiones sobre la discapacidad con azprensa.com.

Como director ejecutivo de CERMI, ¿cuál cree que debe ser el papel de las organizaciones de representantes de discapacitados?

Tienen una importancia capital, decisiva para que los avances sean reales y efectivos. Las organizaciones de personas con discapacidad son el motor de cualquier acción que se lleva a cabo en la esfera de la discapacidad. Si rascamos un poco, detrás de cualquier medida política o progreso experimentado, encontramos una demanda, una petición, una gestión o una actitud de presión de una organización de personas con discapacidad. Cuanto más asociacionismo, cuanto más movimiento social, más políticas y más avances. En España existen en la actualidad tres millones y medio de discapacitados.

¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran?

En buena medida, las personas con discapacidad arrastran su condición histórica de ciudadanos de segunda, individuos que no tienen un pleno poder sobre su existencia, que no llevan la vida que quieren y que desean. Se ven sometidos a tantas exclusiones, a estados estructurales de discriminación, a condicionamientos no queridos que están más allá de su decisión y alcance, que en muchos casos son personas que no disfrutan más que nominalmente de los derechos de todo tipo que son usuales en las democracias. La ausencia de igualdad de oportunidades, la exclusión y la discriminación, la dependencia de instancias ajenas a sus propias personas, constituyen el triste paisaje que hay detrás de muchas personas con discapacidad, todavía.

¿Qué soluciones proponen desde CERMI?

Las soluciones deben estar a la altura del problema, esto es, han de ser muchas y muy intensas. Pero para no fatigar a los lectores, las resumiría en dos, capitales, a mi entender. Por una parte, cada persona con discapacidad, cada familia de una persona con discapacidad, en caso de que aquélla no pueda representarse a sí misma, debe cobrar conciencia de su total y completa ciudadanía, de sus capacidades para ser titular de derechos, de su individualidad y de su dignidad intangible. Por otra, hay que desatar un proceso, en la esfera social y política, de llevar la discapacidad a las agendas públicas, a los primeros puestos de la atención política e institucional. Se trata de procesos paralelos y contemporáneos: en el plano personal, adueñarse de sí mismo; en el plano político, activar la discapacidad.

¿Cree que el nivel legislativo en España con respecto a la discapacidad es suficiente? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de CERMI en este sentido?

En España, como ocurre en general, adolecemos de una inflación de normas y disposiciones. Otra cosa muy distinta es su grado de cumplimiento, de exigibilidad, que deja mucho que desear. Muchas de las normas son más retóricas que reales, bienintencionadas pero sin eficacia práctica. Creo que en estos últimos años, se ha mejorado y nos vamos dotando de mejores y más eficaces marcos normativos. Incluso en el plano de los principios, estamos llevando la discapacidad de la visión reduccionista y parcial de lo “social”, de “los servicios sociales”, a la de la discapacidad como cuestión de derechos humanos, como una dimensión más, integral, de los derechos humanos. Hemos de darnos normas jurídicas que sirvan a un propósito tan sencillo como éste: extender efectivamente los derechos humanos a todas y cada una de las personas con discapacidad.

¿Podríamos decir que la situación de las personas dependientes en España es similar a la de nuestros vecinos europeos?

Es muy difícil comparar y asimilar los grados de protección social en y entre los países europeos. No existe un espacio común social europeo, por más que se diga. Cada país lleva su propia política social y las comparaciones son arduas y muchas veces improductivas, de tan disímiles que son las situaciones de partida. Dicho esto, es claro que España está lejos de los niveles medios de protección social, incluidas las situaciones de necesidad de apoyos generalizados. Realmente, en España no ha existido nunca un Estado del Bienestar con el alcance e intensidad del desarrollado en los países nórdicos o en los centroeuropeos. En general, el que existió en los países más ricos de Europa. No digo que el Estado del Bienestar sea lo deseable, me limito a señalar que en España nunca se ha alcanzado un grado de protección propio del Estado del Bienestar en su expresión más pura. Eso se nota en cualquiera de las variables de protección que comparemos, comprendidas las de las personas con grandes necesidades de apoyo. En España, los derechos sociales tradicionales –los que aquí seguimos atendiendo desde unos raquíticos servicios sociales- no alcanzan la categoría de derechos, ni de sistema, de cuarto pilar.

¿En qué manera las tecnologías de la información y la domótica pueden favorecer la vida cotidiana de las personas con discapacidad?

Alguien ha dicho, acertadamente, que las tecnologías son un aliado de las personas con discapacidad y de las personas con grandes necesidades de apoyo. Son quizás el instrumento más eficaz para favorecer la vida autónoma e independiente. Eso está fuera de duda. Otra cuestión es si las nuevas tecnologías, si las innovaciones que ofrece la ciencia, la técnica y el mercado, llegan por igual a las personas con discapacidad. Hay todavía muchas barreras económicas, de información, etc., que están impidiendo o dificultando el acceso generalizado, el uso y disfrute de esa fuente de liberación.

Uno de los problemas más preocupantes de la sociedad española, en el que ya se incidió en el “Libro Verde de la Dependencia”, es el más que previsible incremento de la población mayor de 65 años, con el consiguiente aumento de personas dependientes. ¿Se están realizando los suficientes esfuerzos desde las distintas administraciones para hacer frente a esta cuestión?

Como es público y notorio, en estos momentos nos encontramos en pleno debate sobre la llamada (y anhelada) Ley de Autonomía Personal y Atención a las Situaciones de Dependencia. Se trata del gran reto de la política social -más, de toda la Política española en mayúsculas- para estos y los próximos años. La conciencia del problema es muy aguda. Allí donde vas oyes hablar del tema. Todos los esfuerzos deben centrarse en aprobar una Ley y crear “ex novo” un Sistema Nacional digno de tal nombre. España tiene la suficiente madurez política y económica para responder a ese desafío. Los ciudadanos españoles han dicho que están dispuestos a comprometer, incluso aportando más, para que ese Sistema se cree y nazca.

¿Qué nos falta, pues?

Voluntad política, altura de miras, cierta productiva audacia. Espero que nuestros gobernantes sean dignos de la ciudadanía a la que representan y salgan bien del paso.

También en el “Libro Verde” se daba especial importancia al papel de los cuidadores, en muchos casos olvidados. ¿Qué necesidades, todavía por cubrir, señalaría como básicas para este colectivo?

Son los grandes olvidados, los omitidos, los invisibles. Están resolviendo, o al menos, afrontando en solitario, un problema de proporciones ingentes y apenas hemos reparado en ellos, ni siquiera para darles cortésmente las gracias. No ya dinero, o ayudas, o apoyo, las puras y simples gracias. La familia sigue siendo, en España, la única y verdadera red de apoyos y asistencias. Nuestra sociedad se mantiene porque hay una red familiar que soporta, que atenúa las situaciones más críticas. En respuesta a ese hecho, indiscutible, tenemos las políticas familiares más débiles, más frágiles, menos enérgicas de Europa. Ironías de la vida: parece que desde lo público ignoramos los mejores esfuerzos privados.

Como director ejecutivo de CERMI, ¿qué objetivos se plantearon con su activa participación en la redacción del “Libro Verde de la Dependencia”? ¿Se ha visto cumplido alguno de ellos?

El “Libro Verde” promovido por la Fundación AstraZéneca y pilotado por Julio Sánchez Fierro fue el primer gran esfuerzo del sector privado para ordenar, sistematizar y proponer al debate social y político la necesidad de regular la atención a las situaciones de apoyos generalizados. Se cumplieron plenamente las aspiraciones: crear debate, hacer visible la cuestión, apelar a las conciencias, no sólo con llamamientos, sino con datos, con análisis, con propuestas. Felicito a la Fundación AstraZéneca por esta iniciativa, tan rentable socialmente.