Los españoles valoran positivamente la ley de dependencia aunque sólo un tercio la conoce, según el CIS
El barómetro del CIS de mayo incluye una serie de preguntas relativas a la opinión de los ciudadanos sobre la futura ley de dependencia. Sólo el 35% de los encuestados han oído hablar de la ley, y de ellos el 76,8% consideran que es una iniciativa positiva. El 61,2% de los encuestados creen que garantizar a los ciudadanos con discapacidad o en situación de dependencia, su capacidad para llevar una vida autónoma, es un derecho que el Estado debe hacer posible. El 56,7% considera que es justo que los afectados paguen algo y el resto se financie con impuestos.
El último barómetro del CIS, correspondiente al pasado mes de mayo, demuestra que la ley de dependencia, sobre asistencia a personas que no pueden valerse por sí mismas, es ampliamente respaldada por los ciudadanos que la conocen, pero también que éstos apenas son la tercera parte de los españoles. Según la encuesta, quienes encuentran muy o bastante positiva a ley son el 76,8% de los sondeados, frente al 12% que la consideran poco o nada positiva.
El sondeo ofrece algunas otras conclusiones de interés. El 61,2% de los encuestados creen que garantizar a los ciudadanos con discapacidad o en situación de dependencia, su capacidad para llevar una vida autónoma, es un derecho que el Estado debe hacer posible; el 34,6% consideran que es una obligación familiar que el Estado debe ayudar a cumplir, y sólo un 1,5% estima que es algo que deben resolver exclusivamente las familias.
El 47,9% de los encuestados considera que la Administración debe asumir estos gastos igual que paga la sanidad y el 44,6% (prácticamente los mismos) que sólo debe ayudar a quienes no tienen ingresos suficientes. Sólo un 3,9% creen que son los afectados los que deben asumir los gastos que genera su cuidado.
En cuanto a cómo financiar los servicios que la Administración pueda ofrecer a las personas discapacitadas o en situación de dependencia, el 56,7% de los encuestados consideran que los afectados deben pagar parte de los servicios y el resto debe financiarse mediante impuestos, y el 38,1% se inclina porque estos servicios se financien enteramente mediante impuestos.
El 87,8% de la población está muy o bastante de acuerdo con que la labor de cuidados que asumen otros miembros de la familia debe ser reconocida como un empleo con derecho a retribución y Seguridad Social, como cualquier otro trabajo, mientras que el 4,6% se muestran poco o nada de acuerdo con esta posibilidad.
La opinión está bastante dividida respecto a quién debe cuidar de las personas dependientes. El 48,4% creen que es mejor que sea un familiar, mientras que un 41,4% estiman que es mejor que sea un profesional.
Los encuestados suspenden a las Administraciones Públicas al valorar la atención y las ayudas que actualmente prestan a las personas con discapacidad o en situación de dependencia. La media, en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “totalmente insuficiente” y el 10 “totalmente suficiente”, es de 3,43 puntos.
Los servicios que más deben potenciarse, en opinión de los encuestados, son los servicios de atención domiciliaria (señalados por el 47,4% de los participantes en el sondeo, seguidos del apoyo económico de la Administración a las familias cuidadoras (39,4%),las residencias y otro tipo de alojamientos (31,6%) y los centros de día (22,5%). Para valorar estas respuestas hay que tener en cuenta que cada encuestado podía citar únicamente dos servicios al contestar a esta pregunta.
En cuanto a de qué administración deben depender los centros servicios de atención a las personas dependientes, el 32,7% cree que deben depender de la administración central, frente al 25,9% que elige a los ayuntamientos y el 25,5% que estima que deben depender de las comunidades autónomas.
La dependencia es una cuestión que está muy presente en la vida cotidiana de los españoles, pues el 15,3% han contestado afirmativamente a la pregunta de si existe en su domicilio alguna persona que, por discapacidad, enfermedad crónica o por ser una persona mayor, necesite ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana. Estas personas son ayudadas principalmente por un familiar (81,9%), siendo muy pocos los que están atendidos por una persona remunerada (5,2%), un servicio de ayuda a domicilio (2,4%) amigos o vecinos (1,3%), voluntarios (0,3%) o una combinación de los anteriores (1,8%). El 6,3% no recibe ayuda de ninguna clase. Los encuestados han respondido también que el 91,3% de las personas dependientes que viven en sus domicilios no reciben ningún tipo de ayuda de las Administraciones Públicas.
El último barómetro del CIS, correspondiente al pasado mes de mayo, demuestra que la ley de dependencia, sobre asistencia a personas que no pueden valerse por sí mismas, es ampliamente respaldada por los ciudadanos que la conocen, pero también que éstos apenas son la tercera parte de los españoles. Según la encuesta, quienes encuentran muy o bastante positiva a ley son el 76,8% de los sondeados, frente al 12% que la consideran poco o nada positiva.
El sondeo ofrece algunas otras conclusiones de interés. El 61,2% de los encuestados creen que garantizar a los ciudadanos con discapacidad o en situación de dependencia, su capacidad para llevar una vida autónoma, es un derecho que el Estado debe hacer posible; el 34,6% consideran que es una obligación familiar que el Estado debe ayudar a cumplir, y sólo un 1,5% estima que es algo que deben resolver exclusivamente las familias.
El 47,9% de los encuestados considera que la Administración debe asumir estos gastos igual que paga la sanidad y el 44,6% (prácticamente los mismos) que sólo debe ayudar a quienes no tienen ingresos suficientes. Sólo un 3,9% creen que son los afectados los que deben asumir los gastos que genera su cuidado.
En cuanto a cómo financiar los servicios que la Administración pueda ofrecer a las personas discapacitadas o en situación de dependencia, el 56,7% de los encuestados consideran que los afectados deben pagar parte de los servicios y el resto debe financiarse mediante impuestos, y el 38,1% se inclina porque estos servicios se financien enteramente mediante impuestos.
El 87,8% de la población está muy o bastante de acuerdo con que la labor de cuidados que asumen otros miembros de la familia debe ser reconocida como un empleo con derecho a retribución y Seguridad Social, como cualquier otro trabajo, mientras que el 4,6% se muestran poco o nada de acuerdo con esta posibilidad.
La opinión está bastante dividida respecto a quién debe cuidar de las personas dependientes. El 48,4% creen que es mejor que sea un familiar, mientras que un 41,4% estiman que es mejor que sea un profesional.
Los encuestados suspenden a las Administraciones Públicas al valorar la atención y las ayudas que actualmente prestan a las personas con discapacidad o en situación de dependencia. La media, en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “totalmente insuficiente” y el 10 “totalmente suficiente”, es de 3,43 puntos.
Los servicios que más deben potenciarse, en opinión de los encuestados, son los servicios de atención domiciliaria (señalados por el 47,4% de los participantes en el sondeo, seguidos del apoyo económico de la Administración a las familias cuidadoras (39,4%),las residencias y otro tipo de alojamientos (31,6%) y los centros de día (22,5%). Para valorar estas respuestas hay que tener en cuenta que cada encuestado podía citar únicamente dos servicios al contestar a esta pregunta.
En cuanto a de qué administración deben depender los centros servicios de atención a las personas dependientes, el 32,7% cree que deben depender de la administración central, frente al 25,9% que elige a los ayuntamientos y el 25,5% que estima que deben depender de las comunidades autónomas.
La dependencia es una cuestión que está muy presente en la vida cotidiana de los españoles, pues el 15,3% han contestado afirmativamente a la pregunta de si existe en su domicilio alguna persona que, por discapacidad, enfermedad crónica o por ser una persona mayor, necesite ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana. Estas personas son ayudadas principalmente por un familiar (81,9%), siendo muy pocos los que están atendidos por una persona remunerada (5,2%), un servicio de ayuda a domicilio (2,4%) amigos o vecinos (1,3%), voluntarios (0,3%) o una combinación de los anteriores (1,8%). El 6,3% no recibe ayuda de ninguna clase. Los encuestados han respondido también que el 91,3% de las personas dependientes que viven en sus domicilios no reciben ningún tipo de ayuda de las Administraciones Públicas.
Escrito por Antonio a las
14:10
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