Remitido a las Cortes el Proyecto de Ley de Lengua de Signos y Sistemas de Apoyo a la Comunicación Oral
El Gobierno aprobó ayer la remisión a las Cortes de Proyecto de Ley de Lengua de Signos y Sistemas de Apoyo a la Comunicación Oral. La norma reconoce la lengua de signos española (y la catalana, en su ámbito) como lengua de las personas sordas que libremente decidan utilizarla, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Además, la Ley establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
En cinco años, las personas sordas dispondrán de intérpretes en todos los departamentos estatales, según estimaciones del Gobierno. Cuando la futura ley agote su recorrido parlamentario, los sordos tendrán derecho a que les facilite el uso de esta lengua en los escenarios de su vida diaria, como la educación, la sanidad y a la hora de hacer cualquier gestión pública. En España hay casi un millón de personas sordas o con audición reducida.
La aplicación de la futura ley modificará sustancialmente la vida de las personas sordas. De forma gradual, los sordos podrán solicitar el uso de intérpretes cuando vayan al médico, en los hospitales, los juzgados, los centros culturales, deportivos y de ocio, y no sólo en sus relaciones con las administraciones públicas. Igualmente podrán hacerlo en los grandes aeropuertos y estaciones. El objetivo es facilitar el acceso de todos a los bienes y servicios a disposición del público.
El proyecto contempla que las comunidades autónomas designen un centro por provincia o por cada 50.000 habitantes donde los sordos que lo deseen puedan estudiar la lengua de signos. En estos centros bilingües especializados, cualquier niño sin discapacidad auditiva podrá aprender también la lengua de la comunidad sorda de manera opcional.
Una vez que se apruebe la Ley, previsiblemente en este mismo año, se crearán un Centro de Normalización de la Lengua de Signos y un Centro Español de Subtitulado. Al mismo tiempo, el Gobierno pondrá en marcha un Plan de accesibilidad con medidas que desarrollen la ley en los ámbitos de la Administración general de Estado: en cinco años las personas sordas dispondrán de servicios de atención e intérpretes en todos los departamentos estatales.
Estas medidas, junto a las que promuevan las comunidades autónomas en los plazos que establezcan, eliminarán de forma progresiva las barreras que los discapacitados auditivos encuentran en los espacios públicos y privados y en su vida profesional y social. Se estima que la aplicación de la ley exigirá una inversión anual de al menos 2 millones de euros, una cantidad que se fijará y revisará cada año.
La futura ley se inspira en el principio de la libre elección, por lo que los sordos que opten, en lugar de por la lengua de signos, por la comunicación oral (a través de audífonos o del implante coclear) dispondrán también de medidas de apoyo. En los aeropuertos, grandes espacios públicos y oficinas de las administraciones se instalarán bucles magnéticos para facilitar la información de las personas sordas con implante coclear.
En cinco años, las personas sordas dispondrán de intérpretes en todos los departamentos estatales, según estimaciones del Gobierno. Cuando la futura ley agote su recorrido parlamentario, los sordos tendrán derecho a que les facilite el uso de esta lengua en los escenarios de su vida diaria, como la educación, la sanidad y a la hora de hacer cualquier gestión pública. En España hay casi un millón de personas sordas o con audición reducida.
La aplicación de la futura ley modificará sustancialmente la vida de las personas sordas. De forma gradual, los sordos podrán solicitar el uso de intérpretes cuando vayan al médico, en los hospitales, los juzgados, los centros culturales, deportivos y de ocio, y no sólo en sus relaciones con las administraciones públicas. Igualmente podrán hacerlo en los grandes aeropuertos y estaciones. El objetivo es facilitar el acceso de todos a los bienes y servicios a disposición del público.
El proyecto contempla que las comunidades autónomas designen un centro por provincia o por cada 50.000 habitantes donde los sordos que lo deseen puedan estudiar la lengua de signos. En estos centros bilingües especializados, cualquier niño sin discapacidad auditiva podrá aprender también la lengua de la comunidad sorda de manera opcional.
Una vez que se apruebe la Ley, previsiblemente en este mismo año, se crearán un Centro de Normalización de la Lengua de Signos y un Centro Español de Subtitulado. Al mismo tiempo, el Gobierno pondrá en marcha un Plan de accesibilidad con medidas que desarrollen la ley en los ámbitos de la Administración general de Estado: en cinco años las personas sordas dispondrán de servicios de atención e intérpretes en todos los departamentos estatales.
Estas medidas, junto a las que promuevan las comunidades autónomas en los plazos que establezcan, eliminarán de forma progresiva las barreras que los discapacitados auditivos encuentran en los espacios públicos y privados y en su vida profesional y social. Se estima que la aplicación de la ley exigirá una inversión anual de al menos 2 millones de euros, una cantidad que se fijará y revisará cada año.
La futura ley se inspira en el principio de la libre elección, por lo que los sordos que opten, en lugar de por la lengua de signos, por la comunicación oral (a través de audífonos o del implante coclear) dispondrán también de medidas de apoyo. En los aeropuertos, grandes espacios públicos y oficinas de las administraciones se instalarán bucles magnéticos para facilitar la información de las personas sordas con implante coclear.
Escrito por Antonio a las
10:44
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