La Seguridad Social, dispuesta a aportar 1.700 millones de euros para financiar la asistencia a personas dependientes.
Según una noticia aparecida hoy en elconfidencial.com, el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa en las negociaciones previas con los sindicatos unos 1.700 millones de euros (dos décimas del PIB) que podrían incluirse en los Presupuestos Generales del Estado de 2006. Ese dinero saldría de los excedentes de la Seguridad Social, sin necesidad de tocar el Fondo de Reserva ni de subir las cotizaciones.
Según el esquema de financiación que se está manejando, la Seguridad Social pagaría la dependencia en los años de puesta en marcha de la prestación. Pasados unos diez años, la financiación pasaría a depender exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esquema permite aprovechar la actual salud financiera de la Seguridad Social, producto del aumento en el número de afiliados y la menor entrada de personas mayores de 65 años en el sistema.
Según los planes del Gobierno, el proyecto de ley de Autonomía Personal y atención de la Dependencia debe ser enviado al parlamento durante el mes de septiembre para que pueda ser aprobado en el último trimestre del año y entrar en vigor el 1 de enero de 2006.
Los 1.700 millones de euros son sólo una cantidad inicial para comenzar la puesta en marcha del sistema, cuyo coste anual, cuando la prestación esté totalmente implantada, puede rondar los 9.000 millones de euros (un punto del PIB).
Según el esquema de financiación que se está manejando, la Seguridad Social pagaría la dependencia en los años de puesta en marcha de la prestación. Pasados unos diez años, la financiación pasaría a depender exclusivamente de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esquema permite aprovechar la actual salud financiera de la Seguridad Social, producto del aumento en el número de afiliados y la menor entrada de personas mayores de 65 años en el sistema.
Según los planes del Gobierno, el proyecto de ley de Autonomía Personal y atención de la Dependencia debe ser enviado al parlamento durante el mes de septiembre para que pueda ser aprobado en el último trimestre del año y entrar en vigor el 1 de enero de 2006.
Los 1.700 millones de euros son sólo una cantidad inicial para comenzar la puesta en marcha del sistema, cuyo coste anual, cuando la prestación esté totalmente implantada, puede rondar los 9.000 millones de euros (un punto del PIB).
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